En lo que va del año se cometieron 13 asesinatos de odio y una joven trans de 20 años está desaparecida. Johana Ramírez, referente de la Redlactrans en Guatemala, también sufrió un atentado y relata los pormenores de esta dura realidad.
“Nosotras le tenemos mucho miedo a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, por acciones que han hecho directamente con nosotras, que nosotras hemos visto. Ha habido violaciones a los derechos humanos por parte de personas uniformadas y personas que se autodenominan de seguridad. Gente que tiene el poder dentro de nuestro país”. Con estas palabras Johana Ramírez, referente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans –Redlactrans – describe la situación de transfobia y crímenes de odio que está teniendo lugar, impunemente, en su país.
Kenia Mayli, Jessica Andreina y Sabrina Cajas fueron asesinadas el año pasado entre fines de octubre y principios de noviembre. Estos crímenes de odio, generados por la transfobia que existe en ese país –aversión irracional a transgéneros, transexuales y travestis-, llevaron a movilizarse a las integrantes de la Redlactrans y de la organización local Reinas de la Noche. Hicieron públicos los crímenes a través de los medios de comunicación y participaron de la marcha nacional para detener la violencia contra las mujeres. Sin embargo, nada terminó allí.
“A raíz de eso vinieron más ataques, otras intimidaciones. Yo fui violentada y sufrí un intento de asesinato”, confiesa Johana. Ocurrió en noviembre, cuando iba caminando por la calle y observó que cuatro hombres la seguían. “Venían muy cerca y empezaron a decir ‘Es ella, es ella’. Cuando los miré me di cuenta que uno estaba preparando su arma para dispararme… me eché a correr y entré a un local. Uno de ellos le reclamaba al que llevaba el arma: ‘Le hubieras disparado, la tenías cerca, ¿por qué no lo hiciste?’”, recuerda, perturbada, Johana. Pero su pesadilla no terminaba en ese momento. Catherine Barrios, su compañera de vivienda de sólo 20 años de edad, está desaparecida desde mediados de febrero. “No sabemos su paradero, dónde está, ni cómo está. No sabemos si fue secuestrada o si fue asesinada. Esto nos pone tristes y muy vulnerables”, expresa Johana.
Los hechos de violencia y los atentados se repiten semana a semana, día tras día. Un grupo de hombres de característica y estructura similar a los que habían amenazado a Johana, atacaron a un grupo de chicas trans una semana después. Ellas estaban reunidas en una avenida cuando este grupo de hombres se acercó y comenzó a dispararles. Todas pudieron escapar, pero una fue herida en un brazo. Algo similar les ocurrió a las trans de la Cruz Roja, que fueron amenazadas recurrentemente por hombres que circulaban en un auto rojo, con las caras cubiertas por pasamontañas.
¿A quién recurrir?
Cuando el odio y la violencia provienen de las fuerzas policiales y de un ministerio público, es difícil reclamar justicia. Por eso las organizaciones trans acudieron a la Procuraduría en Derechos Humanos para denunciar y hacer visibles estos crímenes de odio. Mientras tanto, también están llevando adelante el procedimiento para poder pronunciarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lograr hacer presión a nivel internacional. “En nuestro país se han superado todos los records. Desde principio de año hemos tenido 13 personas asesinadas en distintas regiones del país, hay una persona desaparecida, han intentado asesinarme. Estamos en un contexto de riesgo y de suma vulnerabilidad”, sostiene.
Están unidas, pero también están muy solas. No tienen apoyo de sus familias ni de los medios de comunicación. “Muchas compañeras son enterradas como NN, porque sus familias no las quieren reconocer. Entonces nosotras, las pares, tenemos que hacer el trabajo de sus familias, reconocer los cuerpos, enterrarlas”, lamenta. Y agrega: “Para los medios somos una noticia amarillista, porque no informan desde el lado humano, se burlan, nos repudian, y les dan herramientas a las personas que hace este tipo de cosas tan feas”, reconoce.
Además de los crímenes de odio, la comunidad trans guatemalteca tiene que encontrarse con un sistema de salud que las discrimina, con dificultades para acceder a los servicios de salud y con un fuerte rechazo social.
“La realidad es que hemos tenido que superar tantas cosas, como el rechazo familiar, el rechazo social, el no poder entrar a determinados lugares por tener una apariencia física diferente. Todo esto nos va haciendo un poco más fuertes que a las demás personas”, opina Johana, e informa que en su país el promedio de vida para una trans es de 25 años: “Si llegamos a los 30 es porque hemos corrido con suerte”.
Esta es la situación en Guatemala. Y no puede ni debe quedar así. Johana confiesa que vive con miedo. Que sale y entra a su casa con miedo. Pero entre lágrimas asegura que no va a parar: “Mi responsabilidad como activista, como defensora de los derechos humanos de la comunidad trans, es seguir adelante. Si no fuera parte de la Redlactrans, si estuviera sola, quizás me sentiría en un abismo”, concluye. Pero no está sola. No están solas. Y no podemos dejarlas solas.
“En Guatemala hay una persecución continua a nuestra comunidad. La Justicia y el Estado persiguen a las compañeras trans”, explica Marcela Romero, Coordinadora Regional de la Redlactrans. También agrega que esta situación se repite en toda la región: “En Latinoamérica las trans no conocemos la democracia, no hay ley que nos ampare, nuestros derechos se vulneran día a día”.
Ante esta grave situación, ninguno de los esfuerzos para reducir los factores de vulnerabilidad de hombres gays, trangéneros y trabajadoras sexuales tendrá éxito alguno. Estos repudiables acontecimientos merecen un trabajo coordinado de los gobiernos, la sociedad civil y las agencias internacionales, porque tienen que ser esclarecidos y es fundamental evitar futuros incidentes. Mientras tanto, si las cosas no cambian, estas ciudadanas serán blanco fácil de la violencia institucional que abusa y mata impunemente, bajo el amparo de los gobiernos. Que la orientación sexual, la identidad de género o el trabajo sexual sea causa de muerte es una responsabilidad compartida por todos nosotros, que requiere urgentes acciones y menos retórica.
