Hollande ha promulgado hoy la ley, último trámite para su aplicación efectiva
Se convierte en el decimocuarto país en legalizar las bodas entre personas del mismo sexo
La promulgación hoy por el presidente francés, François
Hollande, de la ley del matrimonio homosexual abre la puerta a las
primeras bodas, programadas ya para finales de mes, una forma de dar
portazo a las multitudinarias manifestaciones en contra, cuyos
organizadores siguen empeñados en dar batalla. Hollande, con la
publicación del texto legislativo en el Diario Oficial, formalizó el
último trámite sólo unas horas después de que se conociera el dictamen
favorable del Consejo Constitucional, al que había recurrido
infructuosamente la UMP, el gran partido de la oposición de derechas.
El presidente, socialista, ya había avanzado que tenía
intención de dar el paso de la promulgación rápidamente una vez que los
magistrados del Constitucional dieran su visto bueno, y en cuanto el
veredicto se hizo público subrayó su voluntad de poner fin a la
controversia de los últimos meses.
"Velaré para que la ley se aplique en todo el territorio,
con plena efectividad, y no aceptaré que se puedan perturbar estas
bodas", advirtió Hollande, que un día antes se había mostrado
"convencido de que esta ley se verá como lo que es: un progreso para la
igualdad". El Ayuntamiento de Montpellier, cuya alcaldesa, la también
socialista Hélène Mandroux, se había significado como gran valedora del
matrimonio homosexual, quiso marcarse un punto esta mañana al señalar
que celebrará la primera boda del país entre dos hombres el día 29.
Los futuros esposos son Vincent Autin, responsable del
colectivo de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en esa
ciudad del sur del país, y su pareja desde hace siete años, Bruno. Esa
pareja, como otras que ya están programando sus matrimonios a partir de
junio -que era para cuando el Gobierno calculaba que el dispositivo
estaría preparado-, harán valer la nueva redacción del Código Civil, que
pasa a establecer que "el matrimonio se contrae entre dos personas de
diferente o del mismo sexo".
El Consejo Constitucional consideró que el Parlamento podía
definirlo así porque eso no contraviene "ningún principio" de la Carta
Magna, y porque tampoco hay ningún obstáculo a que se establezcan
vínculos de filiación entre un menor adoptado y dos mujeres o dos
hombres.
El dictamen, cuestionado por los colectivos gais
Echó así por tierra los argumentos del recurso de la Unión
por una Mayoría Popular (UMP), aunque también señaló una "reserva", al
advertir de que en el proceso de adopción no existe un "derecho al hijo"
y de que lo que debe primar es "el interés del niño". Esa
puntualización, que concierne tanto a las parejas homosexuales como a
las heterosexuales, puede enfriar las esperanzas de una parte de la
izquierda para que se legalice próximamente la adopción por dos hombres o
por dos mujeres de niños concebidos por procreación asistida o con
madres de alquiler en el extranjero.
Los magistrados del Consejo argumentaron que "las parejas
formadas por un hombre y una mujer están, respecto a la procreación, en
una situación diferente de las de las parejas de personas del mismo
sexo". Y sobre todo, que no hay nada que "imponga que esta reforma vaya
acompañada de una modificación del código sobre la procreación asistida,
cuyo objetivo es paliar la infertilidad patológica, constatada
médicamente, de una pareja formada por un hombre y una mujer, estén
casados o no".
En cualquier caso, los colectivos que durante los últimos
meses han organizado manifestaciones multitudinarias contra el
matrimonio homosexual -que sacaron a la calle a cientos de miles de
personas- no se dan por vencidos y han convocado una nueva concentración
en París para el próximo día 26. Algunas de las organizaciones que
componen 'La manif pour tous' no han dudado en cuestionar la legitimidad
del dictamen de los magistrados del Constitucionalidad, en anunciar que
boicotearán las bodas anunciadas y en exigir a los alcaldes de su bando
que se nieguen a celebrar bodas de dos hombres o de dos mujeres. Pero
aunque también algunos diputados de la UMP han prometido revocar la
nueva ley cuando vuelvan a gobernar, lo cierto es que en la práctica las
uniones legales de homosexuales o lesbianas no se podrán deshacer y que
los alcaldes recalcitrantes se exponen a sanciones.
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