2012/11/11

Josu Erkoreka, en DEIA:Siempre a favor de los derechos

En menos de una década, el matrimonio homosexual ha pasado a formar parte del paisaje social ordinario y normalizado en el que se desenvuelve nuestra vida cotidiana, ahora también con un refrendo legal que apoyamos como siempre que se trata de ampliar derechos
LA sentencia que esta semana ha dictado el Tribunal Constitucional declarando la plena legitimidad jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo, apenas ha encontrado contestación por parte de la sociedad. Y las pocas voces que se han elevado en contra nos han sonado a muchos como lejanas, testimoniales y un tanto arcaicas. Se conoce que las más de 22.000 bodas homosexuales que se han celebrado desde que entró en vigor la ley que las hacía posibles, han contribuido a crear una conciencia social, en la que los ciudadanos -o, cuando menos, una gran parte de los mismos- contemplan este tipo de enlaces como algo normal y perfectamente asumible que no hay por qué suprimir.
El hecho mismo de que la sentencia haya sido suscrita por una mayoría muy calificada del alto tribunal y de que el PP, que fue el que interpuso el recurso, haya preferido dejar las cosas como están, sin poner demasiado énfasis en reivindicar la impugnación que en su día promovió -González Pons ha llegado a desmarcarse de la misma, alegando que él no la firmó- ha ayudado, también, a que muchos hayan percibido el fallo como un esfuerzo encaminado a respaldar jurídicamente algo que se encuentra plenamente asumido ya por la gran mayoría de la sociedad: la necesidad de igualar todas las relaciones de familia, con independencia de la orientación sexual de las personas que componen la pareja.
Da la sensación de que, en menos de una década, el matrimonio homosexual ha dejado de constituir fuente de polémica para pasar a formar parte del paisaje social ordinario y normalizado en el que se desenvuelve nuestra vida cotidiana. Un fenómeno que sigue teniendo detractores, por supuesto, pero no más que cualquier otra institución de las muchas que vertebran el derecho de familia. No creo equivocarme, por ello, si afirmo que hoy serían más bien pocos los dispuestos a exigir la derogación de la norma que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo para regresar a la situación anterior a su entrada en vigor. Antes al contrario, la mayoría lo consideraría como un paso atrás que reinstauraría un motivo de discriminación de las personas homosexuales que ya se consideraba superado. Por eso, entre otras cosas, no lo ha hecho el Gobierno de Rajoy.
Lo ocurrido con esta ley me ha traído a la memoria -salvando las evidentes diferencias, claro está- lo que sucedió hace ochenta años con el derecho a voto de la mujer. Durante los primeros años de la II República, el mundo político en general y las Cortes en particular debatieron ardientemente sobre si procedía o no reconocer a la mujer el derecho de sufragio activo. Aunque hoy parezca mentira, fue así. Y la lectura de los diarios de sesiones en los que se recogen estos debates, resulta francamente chocante para la sensibilidad política actual. No solo porque algunos diputados se oponían a que la mujer pudiera votar apelando a su carácter inestable y constitutivamente "histérico", sino porque algunas fuerzas progresistas y de izquierdas argumentaban que no convenía a la República confiar su futuro al sentido de un voto -el femenino- que era particularmente vulnerable a la influencia antirrepublicana de la Iglesia católica. Así de áspero y descarnado.
Junto a los que aducían razones pretendidamente científicas para justificar la incapacidad congénita de la mujer para ejercer el derecho a votar con equilibrio y ponderación, estaban los que argüían desde la izquierda que, como era particularmente influenciable por el clero, su sufragio iba a convertirse en un aliado objetivo de los movimientos conservadores, monárquicos y antirrepublicanos.

Pero el peso de los tiempos acabó imponiéndose. Y pese a la resistencia que ofrecieron las derechas arcaicas y una parte no desdeñable de las izquierdas, la mujer consiguió hacerse con el derecho al sufragio activo. En aquel debate crucial, que afectaba a un aspecto tan cardinal de la idea democrática como el de la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas, los diputados del PNV se posicionaron en todo momento a favor del voto femenino. Un derecho que, dicho sea de paso, las mujeres ejercieron por primera vez en el referéndum celebrado en Euskadi el 5 de noviembre de 1933 para respaldar el proyecto de Estatuto vasco elaborado por las Comisiones Gestoras. El hecho se vivió en Euskadi como un gran acontecimiento histórico que ponía fin a una de las más lacerantes discriminaciones que históricamente han mancillado el estatus cívico de la mujer. Una conocida fotografía de Indalecio Ojanguren, que se publicó al día siguiente en la portada del diario Euzkadi -y que acompaña este artículo-, registra el momento en el que un grupo de mujeres, recién bajadas del caserío, se disponen a votar en una urna dispuesta en el municipio de Eibar.
La ley de 2005 que hizo posible el matrimonio entre personas del mismo sexo vino precedida, también, de un largo debate político, que se hizo patente en el Congreso de los Diputados, entre los años previos y los posteriores al último cambio de siglo.
En un primero momento, la reivindicación se encauza a través del reconocimiento legal de la igualdad jurídica para las parejas de hecho. Probablemente, porque se daba por supuesto que las relaciones estables de afectividad que se entablaban entre personas homosexuales se incardinaban mayoritariamente en ese ámbito. Recuerdo que un debate celebrado en el Pleno del Congreso el 19 de septiembre de 2000, abordó todas las iniciativas que los grupos parlamentarios habían presentado en esa dirección. Pero ninguna de ellas prosperó. El PP, que entonces, como ahora, gozaba de mayoría absoluta en la Cámara, se encargó de impedirlo. Los populares no estaban por la labor. Los diputados del PNV, por el contrario, votamos a favor. Como acostumbramos a hacer siempre que se trata de iniciativas que amplían derechos.
Sin embargo, es a partir de esa fecha cuando los grupos parlamentarios empiezan a plantear fórmulas de legalización de las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo que pasan por su equiparación al matrimonio. El 25 de septiembre de 2001, el hemiciclo fue escenario de una sesión en la que se debatieron varias iniciativas que apuntaban en esa dirección. El PP las vetó todas. No quería ni hablar del tema. En cambio, los diputados del PNV las apoyamos. Año y medio después, el 20 de febrero de 2003, volvió a plantearse el mismo debate. Y una vez más el rodillo mayoritario del PP impuso su granítica oposición.
Es en la legislatura siguiente cuando el Gobierno central -ya socialista- formula por primera vez un proyecto de ley que apuesta por el pleno reconocimiento jurídico del matrimonio homosexual. Todos los diputados del PNV éramos partidarios de poner fin a la discriminación que hasta entonces había padecido este colectivo (era, insisto, una cuestión de derechos) aunque no todos compartíamos la necesidad de que la equiparación jurídica tuviera que llevarse a cabo bajo la común denominación de "matrimonio". En cualquier caso, ninguno de nosotros dudaba de que, en caso de conflicto, los derechos deben prevalecer siempre sobre las controversias semánticas. Máxime si, como era el caso, esos derechos no menoscaban el de las personas heterosexuales a entablar relaciones de esta naturaleza.
Finalmente, los diputados del PNV, que gozábamos de libertad de voto, optamos por priorizar los derechos sobre los debates semánticos. Como en 1933, con ocasión del voto femenino, nos posicionamos a favor de los derechos. Y hoy, afortunadamente, repasamos los debates de 2005 con la misma estupefacción con la que leemos las alegaciones que en 1933 se hacían en contra del voto femenino.

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