EL PAIS:La sociedad vive con naturalidad los matrimonios homosexuales
En julio de 2005 fue aprobada por las Cortes la reforma del Código
Civil que hacía posible el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Esta medida, a la que se opusieron los diputados de Unió Democrática de
Catalunya y todo el Grupo Popular (con la única excepción —que parece
justo recordar— de la diputada Celia Villalobos), contó con el respaldo
del 56% de los españoles y con el rechazo de tan solo el 21%, según un
sondeo de Metroscopia llevado a cabo entonces. Un reducido 11% se mostró
disconforme con el uso del término matrimonio, pese a estar de acuerdo
con la medida de fondo.
En los siete años siguientes, el mismo mayoritario porcentaje siguió
expresando, de forma llamativamente estable, su plena conformidad con
esta reforma del Código Civil, al tiempo que la oposición de principio a
la misma (o la no opinión a su respecto) fueron gradualmente
transmudándose en solo reticencia respecto del nombre. O, lo que es
igual, el debate social (que, cuando lo hubo, fue siempre de muy baja
intensidad y en ningún momento susceptible de generar confrontación
social alguna) se fue deslizando desde la cuestión de fondo (la
legalización o no de la unión homosexual) a la mera cuestión de su
etiquetado, algo en sí mismo con muy bajo —por no decir nulo— potencial
movilizador. La sentencia del Tribunal Constitucional ha terminado por
dejar finalmente las cosas tal y como una amplia mayoría ciudadana lleva
ya mucho tiempo viéndolas. Y no resulta arriesgado aventurar, a partir
de lo que enseña la experiencia demoscópica, que el solo hecho de que la
cuestión del nombre sea ya cosa definitivamente juzgada contribuirá a
desinflar gradualmente las reservas todavía subsistentes al respecto.
Matrimonio venía siendo, y matrimonio será.
La clara naturalidad con que nuestra sociedad está viviendo la plena
aceptación social y legal de las parejas homosexuales encuentra quizá su
más significativa expresión en el hecho de que incluso entre quienes se
definen como católicos practicantes (y que representan algo menos del
20% de nuestra población adulta) solo un 19% rechaza de plano la
legalización de las parejas del mismo sexo —porcentaje este inferior
incluso en seis puntos al de quienes aceptan que sean legales y se
denominen matrimonio—, y un 55% no tiene más reserva al respecto que el
uso de dicho término.
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