Ambos gobiernos y la asociación Gibraltar Gay Rights han sido admitidos como partes en este proceso, en el que se pone en cuestión la legislación de la colonia británica de Gibraltar, que fija en los 18 años la edad mínima para el consentimiento legal de las relaciones sexuales homosexuales y en dos años menos para los heterosexuales.
La Corte Suprema del Peñón celebrará mañana una vista para decidir si se admite como partes a otros colectivos y ciudadanos que han solicitado participar en este proceso, el cual, para el presidente de Gibraltar Gay Rights (GGR), Félix Álvarez, será “fundamental” para la obtención de “una igualdad real” con los heterosexuales.
Álvarez explicó a EFE que la situación de los homosexuales en Gibraltar “está a años luz” de la existente en los países de la Unión Europea y, especialmente, de la de España.
“La edad de consentimiento -dijo- es el principal caballo de batalla en este momento”.
Álvarez aseguró que tuvo que mudarse desde Gibraltar al municipio fronterizo, La Línea de la Concepción (Cádiz, sur español), para casarse con su pareja.
Tanto Reino Unido como GGR defienden que deben imperar las decisiones europeas sobre la igualdad de derechos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por el contrario, el Gobierno de Gibraltar rechaza la aplicación directa de estas normativas y alega razones “objetivas” y “religiosas” en el caso de la edad de consentimiento de relaciones sexuales, según ha publicado la prensa gibraltareña.
Los representantes legales de GGR argumentarán que la Constitución gibraltareña concede a su gobierno competencias en asuntos internos, pero no en asuntos exteriores, como los derechos humanos.
Álvarez ha recordado que el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, ha insistido recientemente en la necesidad de que Gibraltar acate el convenio de Derechos Humanos europeo.
“Aunque el obligado técnicamente por el convenio es Reino Unido, éste extendió su aplicación a Gibraltar mediante un protocolo”, ha dicho Álvarez.
Se trata de un proceso histórico en Gibraltar, ya que es la primera vez que el gobierno de El Peñón se personará como parte en un juicio sobre la declaración de constitucionalidad de una ley.
Además de las tres partes ya admitidas en el proceso, han solicitado su participación la Asociación de Mujeres de Gibraltar, la Alianza Evangélica de Gibraltar y dos particulares, según ha explicado Félix Álvarez, que advierte del “elevado coste político” que podría tener el caso para el ministro principal, Peter Caruana (Social Demócratas de Gibraltar).
Álvarez apunta que, según las encuestas, el 60 por ciento de la población apoya la igualdad de edad de consentimiento en las relaciones sexuales para homosexuales y heterosexuales.
En la vista oral que se celebrará mañana, la Corte Suprema fijará la fecha de inicio del proceso, en el que se juzgará sobre el carácter vinculante de las decisiones comunitarias ratificadas por el Reino Unido para Gibraltar.
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