"El enjuiciamiento de estos hombres, sobre la mera base de su real o supuesta orientación sexual, es una grave violación de sus derechos a la libertad de conciencia, expresión e intimidad", señala en un comunicado difundido hoy Véronique Aubert, subdirectora para África de Amnistía Internacional.
Los acusados, según el texto, han sido "golpeados por policías cuando estaban detenidos y Tiwonge Chimbalanga fue forzado a un examen médico anal en un intento de saber si la pareja había 'consumado' su relación".
Debido a su encarcelamiento por su relación sexual privada y consentida, AI "declaró a estos hombres presos de conciencia el 6 de enero de 2010 y reclama su inmediata e incondicional liberación", dice la nota.
"La penalización de la homosexualidad y la identidad sexual está prohibida por tratados internacionales ratificados por Malaui, entre ellos el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos", recuerda AI en su escrito.
"Malaui está obligada por estos tratados a respetar y proteger la libertad de conciencia, expresión y el derecho a la intimidad, sin discriminación sobre la base de su real o supuesta orientación sexual".
Pese a los tratados firmados, Malawi mantiene una legislación que penaliza la homosexualidad y hoy, un tribunal de primera instancia de Blantyre decidió hoy procesar a los dos hombres, en una vista que atrajo a diplomáticos y defensores de los derechos humanos.
El magistrado fijó el inicio del juicio para el 3 de abril, señaló que se dará a la pareja "una oportunidad para defenderse de las acusaciones formuladas contra ellos", de las que si son encontrados culpables podrían ser condenados a 14 años de cárcel.
En muchos países de África la homosexualidad es considerada delito y, en el caso de Uganda, la Asamblea Nacional tiene en suspenso la discusión de un proyecto de ley en el que se recoge la pena de muerte para lo que se denomina "homosexualidad agravada", como los promotores denominan a la violación homosexual, actos con menores del mismo sexo e incapacitados o cuando el imputado es seropositivo.
El proyecto ugandés ha quedado en suspenso en el Parlamento por decisión del Gobierno, ante las presiones internacionales y también después de que organizaciones sociales locales entregaran a la Cámara 450.000 firmas contra esa legislación, apoyada firmemente por varios grupos políticos y religiosos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario