La ley de 2009, que incluye la persecución por "orientación sexual", no se ha aplicado nunca
La Comisión de Exteriores del Congreso acordó este miércoles, por
unanimidad, instar al Gobierno a facilitar la concesión de asilo a
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) perseguidos en sus
países de origen por razón de su orientación sexual y que se encuentren
en España. En más de 75 países la homosexualidad es delito y en siete se
castiga con la muerte.
La ley de Asilo y Refugio de 2009 ya permite que puedan acogerse a
ella quienes sean perseguidos por su “orientación sexual”, pero esta
previsión no se ha aplicado en ningún caso, a pesar de que se han
presentado casi 300 solicitudes, según la diputada socialista Delia
Blanco.
El acuerdo del Congreso fue fruto de una ardua negociación a partir
de dos iniciativas: una del PSOE, que denunciaba la persecución de los
homosexuales en Rusia; y otra de Unión, Progreso y Democracia (UPyD),
que condenaba las leyes homófobas en países como Uganda.
El Grupo Popular, en contacto con Exteriores e Interior, acabó
aceptándolas, tras limar sus aspectos más conflictivos, como la mención a
países africanos concretos —en un momento en que España pelea cada voto
en la ONU para entrar en el Consejo de Seguridad— o la exigencia de
UPyD de que se estudie suspender la cooperación con países que mantengan
legislaciones discriminatorias u homófobas. Irene Lozano recordó que
Suecia han suspendido su ayuda financiera a Uganda después de que dicho
país aprobara una ley —anulada por defecto de forma por el Tribunal Constitucional local— que criminaliza la homosexualidad y Dinamarca, Noruega y Holanda han amenazado con hacerlo.
No obstante, el PP sí aceptó “recordar al Gobierno ruso su
responsabilidad” de investigar y perseguir las agresiones contra
miembros del colectivo LGTB por parte de grupos neonazis y solicitar al
Consejo de Europa que analice si la llamada ley contra la propaganda homosexual de Putin
fomenta la discriminación. En el trasforndo de la iniciativa sobre
Rusia está el malestar de los colectivos LGTB por la decisión del
Congreso de aceptar que el nuevo convenio de adopción con Moscú excluya a las parejas no tradicionales. Fuentes del PSOE alegaron que era necesario desbloquear la situación de 160 parejas españolas pendientes de adopción.
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