2013/10/21

EL PAIS: La “cláusula de conciencia” no vale para negarse a celebrar bodas gays en Francia

El Constitucional advierte a los ediles de que están obligados por ley a oficiar estos enlaces

Los alcaldes franceses y sus adjuntos no podrán acogerse a una “cláusula de conciencia” para negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Así lo decidió este viernes el Consejo Constitucional, al que había recurrido un colectivo de alcaldes contrarios a la ley aprobada la pasada primavera por el Gobierno del presidente François Hollande. Antes de que se aprobara la norma, el propio mandatario había evocado esta posibilidad, aunque luego dio marcha atrás. Los ediles contrarios a la legislación anuncian ahora que recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La decisión constitucional espera así también zanjar el agrio debate que dividió a Francia en los meses anteriores a la votación de la ley.
“El consejo ha considerado que respecto a las funciones de oficial de estado civil en la celebración del matrimonio, el legislador no ha atentado en contra de su libertad de conciencia”, declaró la mayor instancia jurídica francesa en su sentencia, en su respuesta a la petición formulada por siete alcaldes y respaldada por el Colectivo de Alcaldes por la Infancia, que asegura contar con el apoyo de 20.000 ediles. Los denominados sabios del Constitucional concluyen que el “legislador ha querido garantizar la aplicación de la ley para sus agentes y asegurar así el buen funcionamiento y la neutralidad del servicio público del estado civil”.
“Es una decisión mala, no me parece sano respecto a la democracia”, reaccionó Michel Villedey, alcalde independiente de la pequeña localidad de Thorigney d'Anjou, en el oeste de Francia, y uno de los siete ediles que lideró la iniciativa ante el Constitucional. “Yo ya he dicho que no aplicaré la ley y pido que se respete mi libertad de conciencia, es lo mínimo”, añade. “No estoy aquí para acatar órdenes y no tengo miedo a las sanciones previstas. No tengo ganas de vivir en Moscú en la época soviética. De hecho, ahora en Moscú hay más libertad que pronto en Francia...”, concluyó.
“El Constitucional da a entender que los alcaldes deben hacer lo que se les dicta sin pensar en lo que hacen, y creemos que eso es una falta de consideración respecto a los alcaldes”, indicó por su parte Franck Meyer, edil centrista (UDI) de la ciudad Normanda de Sotteville-sous le Val y portavoz del Colectivo de los Alcaldes por la Infancia. “Cuando la gente vota por nosotros, lo hace porque nos considera capaces de administrar un Ayuntamiento, y también nos vota por nuestras opiniones”, recordó. “Creo que el Constitucional se toma un poco demasiado a la ligera el papel que desempeñamos”.
Desde que se aprobó la ley la pasada primera, después de meses de crispación y de movilizaciones en contra y a favor, casi 600 parejas formadas por personas del mismo sexo han podido oficializar su relación con un matrimonio civil. En la gran mayoría de los casos lo han hecho con total normalidad. Sin embargo, ante la sonada negativa de algunos ediles a oficiar las ceremonias, el Ministerio del Interior emitió una directiva en la que insiste en la obligación de cumplir con la ley. Recuerda que negarse supone un “delito de discriminación” que se puede castigar con hasta cinco años de cárcel o 75.000 euros de multa.
Aunque la legislación prevé que un alcalde puede delegar la celebración de una boda en su adjunto y, en caso de que ambos estén ocupados, en un consejero municipal, la directiva del ministerio recuerda que dicha operación no puede motivarse por “la orientación sexual de los esposos”. Meyer calcula, sin embargo, que en Francia hay entre 2.000 y 2.500 Ayuntamientos (sobre algo más de 36.000) en los que tanto el alcalde como sus adjuntos desearían acogerse a su libertad de conciencia. Por ello su movimiento proponía que en dichos casos la gestión fuera delegada a un funcionario elegido por el delegado del Gobierno.
De cualquier forma, el colectivo asegura que no se da por vencido. Además de ante el Constitucional, ha recurrido ante el Consejo de Estado, y ahora prevé hacerlo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, algo que podría hacerse en los próximos meses.

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