2010/04/26

20100426- El Supremo confirma 10 años de inhabilitación para el juez Calamita

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado esta mañana los diez años de inhabilitación impuestos al ex juez Fernando Ferrín Calamita por un delito de prevaricación cometido al retrasar a una lesbiana la adopción de la hija biológica de su esposa.


Los magistrados de la Sala de lo Penal, presididos por Adolfo Prego, han desestimado el incidente de nulidad presentado por Calamita contra la sentencia dictada por el Alto Tribunal en octubre pasado. El magistrado inhabilitado pidió la nulidad al entender que la sentencia dictada contra él carecía de la motivación suficiente y había vulnerado, por tanto, su derecho a la tutela judicial efectiva.

A través de un auto hecho público hoy, el Tribunal Supremo rechaza el incidente de nulidad interpuesto por Calamita y confirma su anterior sentencia condenatoria. El auto indica que en el fundamento jurídico 15 de la sentencia dictada contra el antiguo juez “se examinan y detallan, aunque sea de manera escueta pero no confusa, las razones del cambio en el tipo delictivo aplicado, de modo que la defensa del acusado puede conocer sin dificultad el curso de la mutación”.

Los magistrados del Alto Tribunal decidieron en octubre pasado imponer una inhabilitación de diez años a Calamita al revisar la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que en diciembre de 2008 condenó al juez a dos años y tres meses de inhabilitación. Tanto la Fiscalía como el propio juez sancionado recurrieron la sentencia.

El Tribunal Supremo, en contra de lo sostenido por el Alto Tribunal de Murcia, consideró que el juez cometió un delito de prevaricación y no un simple delito de retraso malicioso. Además, Ferrín Calamita fue condenado a indemnizar con 6.000 euros a la mujer a la que retrasó la adopción de la hija de su pareja y deberá pagar una multa de 720 euros. Los magistrados del Tribunal Supremo explicaron que Ferrín Calamita había adoptado de forma voluntaria "una pluralidad de acuerdos intencionada e injustamente retardatorios", lo que configura un delito de prevaricación.

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