Los ministerios de Interior e Igualdad afirman en el balance sobre el primer año del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han “identificado” a 1.301 víctimas, de ellas 443 son “víctimas de trata”. No aportan más datos sobre la situación de estas personas: ¿cuántas de ellas son o han sido consideradas “testigos protegidos”?, ¿cuántas se han acogido al periodo de “reflexión”?, ¿cuántas se encuentran acogidas en centros especializados de ONG’s?, ¿cuántas han declarado ante la justicia?, ¿cuántas han sido indemnizadas económicamente? ¿cuántas se han visto beneficiadas por la concesión de permisos de residencia? ¿cuántas se han visto beneficiadas por la concesión de permisos de trabajo? ¿cuántas han sido acogidas en condición de “asilo”? ¿cuántas han denunciado estar en situación de trata?
Tampoco han aportado más información sobre las 858 personas restantes, a quienes consideran víctimas de “explotación sexual” (según su propia definición: “aprovechamiento de la condición y circunstancias sexuales de una persona en beneficio propio”). ¿Qué ha ocurrido con estas personas? ¿han sido detenidas? ¿se encuentran en centros de internamiento para extranjeros? ¿han sido deportadas a sus países de origen?
Afirman en su nota de prensa que el 50% de extranjeras “atendidas” se encontraban en España en situación irregular. Es complicado que las personas en situación de trata de seres humanos se encuentren en situación administrativa “regular”. Por otro lado, quienes afirman que se encuentran trabajando en prostitución por voluntad propia es imposible que puedan regularizar su situación mediante el trabajo sexual, ya que la prostitución no es reconocida como “actividad económica” (aunque así lo consideró en 2001 el Tribunal de Justicia de Luxemburgo). El Gobierno español que se niega a admitir la existencia de prostitución voluntaria (no forzada), en la práctica está deportando a quienes así lo declaran ante los jueces. Una mujer nigeriana, retenida en el centro de internamiento para extranjeros de Aluche (Madrid), fue deportada hace una semana sin que se escuchase el llamamiento de las ONG’s que entendían que podría estarse ante un caso de trata de seres humanos. La mujer fue expulsada pese a la intermediación del Defensor del Pueblo. En consecuencia, Hetaira teme que también se esté deportando a víctimas de trata al no existir indicadores precisos para su identificación.
En la rueda de prensa ofrecida ayer por Alfredo Rubalcaba y Bibiana Aído descartaban que 4.956 mujeres fueran esclavas sexuales. ¿Qué son, entonces, trabajadoras del sexo por voluntad propia, abandonadas a su suerte por la legislación actual y sometidas a unas condiciones laborales inaceptables, tal y como venimos planteando y denunciando desde hace años?
El pasado mes de diciembre se reformó la ley de extranjería, ahora en su artículo 59 bis concede un período de reflexión de “al menos, 30 días” a las víctimas para que decidan si quieren colaborar con la Policía. Durante este tiempo, tan sólo lo han solicitado 3 mujeres y no se les ha concedido a ninguna de ellas (según informa el diario Público, 24 de marzo de 2010).
Desde Hetaira nos preocupa la inexistencia de indicadores objetivos para la identificación de víctimas de trata de seres humanos. Las personas que se encuentran en los clubes siguen siendo detenidas tras las redadas policiales y, en este clima, es sumamente difícil que quienes se encuentran en situación de trata se atrevan a denunciar.
El Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos no establecía, ni establece indicadores precisos para la evaluación del mismo, por lo tanto es difícil poder hacer una buena evaluación de la situación actual. Las declaraciones que ayer hicieron los ministerios de Igualdad y de Interior nos parecen vacías y que no responden a una evaluación del Plan que tenga como primera preocupación la protección y la reparación del daño que han sufrido quienes han sido víctimas de trata.
Colectivo Hetaira,
(12 de marzo de 1995-12 de marzo de 2010:
15 años trabajando en la defensa de los derechos de las prostitutas).
Más información en el teléfono: 915232678
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