- Unas 220 millones de mujeres de todo el mundo encuentran barreras para usar contracepción
- Parlamentarios internacionales y ONG alertan de la dificultad de acceso a la salud reproductiva
Manifestación contra la ley Gallardón, el pasado 8 de marzo. / Luis Sevillano |
“Los países deben implantar políticas para mejorar el acceso a
los servicios de salud reproductiva, incluida la planificación familiar.
No se pueden sacrificar los derechos sexuales y reproductivos por
razones de oportunidad económica o política”, ha reclamado el director
de Unfpa, Babatunde Osetimehin, que ha instado a los Gobiernos a incluir
estos derechos en la agenda política.
El director de Unfpa analiza estos días en la capital sueca, junto a parlamentarios de 134 países, el cumplimiento de la Conferencia de El Cairo, una declaración institucional firmada por 179 países que define los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y establece como objetivo prioritario el empoderamiento de las mujeres y niñas. El texto (la CIPD), rubricado hace justo 20 años por 179 países –entre ellos España--, establece más de 200 recomendaciones y metas para alcanzar el desarrollo y el bienestar de los individuos; objetivos como que los países deben garantizar acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación familiar y el aborto seguro.
Hoy, dos décadas después de la declaración que supuso un hito en el debate sobre el desarrollo humano y la igualdad de género, estos derechos no solo no son plenos, sino que en algunos lugares del mundo están en retroceso. “Ciertos grupos están intentando boicotear la agenda de la ICPD, y algunos Gobiernos están limitando el acceso a los servicios que garantizan los derechos sexuales y reproductivos”, ha alertado la diputada británica Jenny Tongue, presidenta del Foro Parlamentario Europeo en Población y Desarrollo (EPF), que junto a Unfpa organiza el encuentro. Tongue, médico y especialista en planificación familiar, también se ha mostrado preocupada por el anteproyecto de la ley del aborto española, que elimina el derecho de la mujer a decidir interrumpir voluntariamente su embarazo. “Los avances de las mujeres hacia la igualdad perturban las posturas más radicales, posturas que son literalmente anti-mujeres… en el aborto, el acceso a anticonceptivos, la educación sexual... ”, ha comentado Tongue.
La socialista española Carmen Montón también ha advertido sobre la regresión que puede experimentar España con la futura ley del aborto. “Puede ser un tubo de ensayo donde una derecha ultraconservadora experimente cómo perder los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo los derechos de las mujeres. No podemos olvidar que España ha sido un ejemplo de avance en igualdad. Eso se ha perdido y ahora puede ser un ejemplo todavía más claro de retroceso”, ha dicho la diputada, miembro del Intergrupo español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, del que forman parte también Leixuri Arribalaga (PNV) y Lorena Vicioso (ICV-EUIA). “La de España no es una lucha regional, sino global. Un paso atrás significa un paso atrás en el panorama general”, ha afirmado.
El director de Unfpa analiza estos días en la capital sueca, junto a parlamentarios de 134 países, el cumplimiento de la Conferencia de El Cairo, una declaración institucional firmada por 179 países que define los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y establece como objetivo prioritario el empoderamiento de las mujeres y niñas. El texto (la CIPD), rubricado hace justo 20 años por 179 países –entre ellos España--, establece más de 200 recomendaciones y metas para alcanzar el desarrollo y el bienestar de los individuos; objetivos como que los países deben garantizar acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación familiar y el aborto seguro.
Hoy, dos décadas después de la declaración que supuso un hito en el debate sobre el desarrollo humano y la igualdad de género, estos derechos no solo no son plenos, sino que en algunos lugares del mundo están en retroceso. “Ciertos grupos están intentando boicotear la agenda de la ICPD, y algunos Gobiernos están limitando el acceso a los servicios que garantizan los derechos sexuales y reproductivos”, ha alertado la diputada británica Jenny Tongue, presidenta del Foro Parlamentario Europeo en Población y Desarrollo (EPF), que junto a Unfpa organiza el encuentro. Tongue, médico y especialista en planificación familiar, también se ha mostrado preocupada por el anteproyecto de la ley del aborto española, que elimina el derecho de la mujer a decidir interrumpir voluntariamente su embarazo. “Los avances de las mujeres hacia la igualdad perturban las posturas más radicales, posturas que son literalmente anti-mujeres… en el aborto, el acceso a anticonceptivos, la educación sexual... ”, ha comentado Tongue.
La socialista española Carmen Montón también ha advertido sobre la regresión que puede experimentar España con la futura ley del aborto. “Puede ser un tubo de ensayo donde una derecha ultraconservadora experimente cómo perder los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo los derechos de las mujeres. No podemos olvidar que España ha sido un ejemplo de avance en igualdad. Eso se ha perdido y ahora puede ser un ejemplo todavía más claro de retroceso”, ha dicho la diputada, miembro del Intergrupo español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, del que forman parte también Leixuri Arribalaga (PNV) y Lorena Vicioso (ICV-EUIA). “La de España no es una lucha regional, sino global. Un paso atrás significa un paso atrás en el panorama general”, ha afirmado.
En el lenguaje tímido de Naciones Unidas
siempre se habla de “aborto seguro”. Abrir el debate sobre el aborto
legal es complejo en un foro donde están representados países entre los
que existe una brecha enorme en este tema. Pero el caso de España, que
modificó en 2010 su ley de supuestos (permitía el aborto solo en caso de
violación, riesgo para la salud de la mujer o malformación fetal) por
una de plazos en la que la mujer puede interrumpir su gestación sin
alegar ninguna causa hasta la semana 14 de gestación, se ha debatido --y
mucho-- en los pasillos de la reunión de Estocolmo, a la que EL PAÍS ha
acudido invitado por Unfpa y el EPF.
España era un ejemplo en el que algunos
países, sobre todo de Latinoamérica, se miraban. “En América Latina hay
cuatro países en los que el aborto está totalmente prohibido. Tenemos
que avanzar en derechos”, recalca Bertha Sanseverino, diputada deUruguay, un país donde hace dos años se adoptóuna ley de plazos, similar a la de la mayoría de los países de la UE.
También el parlamentario chileno Marcos
Núñez ha alertado del endurecimiento del discurso de los grupos
contrarios a los derechos reproductivos, como reacción a losavances en algunos Estados de Latinoamérica hacia legislaciones más permisivassobre
aborto. En Chile, por ejemplo, donde no está permitida la interrupción
voluntaria del embarazo en ningún caso, el Gobierno de Michelle Bachelet
ha manifestado su intención de aprobar una nueva leyque la permita por razones de salud.
Abortos inseguros
El informe de Unfpa sobre la Conferencia
Internacional para la Población y Desarrollo (CIPD) habla del aborto
inseguro como una realidad que apenas se ha atajado en las últimas dos
décadas. Cada año, más de 21 millones de mujeres recurren a métodos
peligrosos e inadecuados para interrumpir su embarazo. 47.000 mueren
debido a estas prácticas, más de la mitad de ellas jóvenes menores de 25
años, como ha resaltado Rachel Snow, la autora principal del documento.
El diputado del PP Juan Carlos Grau, coordinador del Intergrupo Parlamentario español, cree que compararEspaña y la futura ley del abortocon
la situación de otros países es equivocado. Asegura también, y así lo
ha declarado durante la reunión del foro parlamentario, que es
precipitado hablar de ley. “Estamos ante un anteproyecto que, como dijo
el presidente Rajoy, se tratará de consensuar al máximo con el resto de
los partidos”, dice.
Grau, que desde esta sesión forma parte
también del Comité Ejecutivo del EPF, cree que en la futura regulación
debe potenciarse el acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva; uno de los aspectos de la ley más criticados por las
organizaciones sociales y los expertos –aparte de la regresión--, que
han alertado de que el anteproyecto no tienen ningún contenido sobre la
prevención del embarazo no deseado y sobre bienestar reproductivo.
También, dice, la educación para la prevención de embarazos no deseados y
para luchar contra los estereotipos de género.
“Si queremos lograr el cambio debemos
empezar por nuestra propia juventud. Y eso no se logra sin darles la
capacidad de decidir sobre su futuro, y por tanto dar acceso a un
sistema global de educación sexual”, ha dicho el portavoz del Parlamento
Sueco, Per Westerberg. Porque los más jóvenes y sobre todo las más
jóvenes son también las más vulnerables. Quienes más dificultades
encuentran para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. “Hay que
protegerlas, hay que garantizar que pueden acceder a la contracepción, a
los servicios de salud sexual y también al aborto seguro. Deben tener
derecho a decidir si quieren crear o no una familia”, ha recalcado la
diputada sueca Ulrika Karlson, presidenta del intergrupo parlamentario
de ese país sobre derechos sexuales y reproductivos. Karlson,
conservadora, ha explicado que en Suecia existe un consenso político
claro sobre estos temas: “Uno de los principales derechos humanos es la
capacidad de las mujeres a decidir si quieren ser madres y cuándo”.
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